Sonora enfrenta una crisis penitenciaria: la sobrepoblación en los Ceresos supera el 38 %, y San Luis Río Colorado opera con más internos de los que puede albergar.

/ Alberto De la Hoya

Al cierre de junio de 2024, los 13 Centros de Reinserción Social (Ceresos) operativos en Sonora albergaban 11,032 personas privadas de la libertad (PPL), frente a una capacidad instalada de 7,988 plazas, lo que equivalía a una sobrepoblación del 38.1 %.

La distribución demográfica registrada en esos centros sugiere que los grupos de edad más numerosos son los de 30 a 34 años (2,168 internos), seguidos por 25 a 29 años (1,994 internos) y 18 a 24 años (1,759 internos), aunque esos datos no fueron encontrados en fuentes oficiales recientes para confirmación.

Los penales más afectados son Hermosillo I, con un exceso de 2,509 reclusos sobre su capacidad, seguido por Ciudad Obregón (exceso de 867) y San Luis Río Colorado, con 171 personas recluidas de más respecto a su límite previsto.

En el caso concreto de CRS San Luis Río Colorado, documentos del Gobierno federal indican que para agosto de 2024 había 508 internos, con una sobreocupación estimada de 37.60 % respecto a su capacidad.

El estado de saturación no es reciente: en 2025 Sonora aparece con una tasa de ocupación penitenciaria de 140.3 reclusos por cada 100 espacios, posicionándose en tercer lugar nacional en ese indicador.

Impacto en San Luis Río Colorado

La sobrepoblación agrava condiciones ya precarias: servicios médicos deficientes, hacinamiento, riesgo sanitario, conflictos internos y falta de programas de reinserción efectiva. Además, ya se han registrado sucesos graves dentro del penal de SLRC: un hombre fue hallado sin vida con un cable alrededor del cuello en una de las celdas durante la rutina de pase de lista en agosto de 2024.

La participación política también ha irrumpido en el penal: en 2024, 41 internos del Cereso de SLRC fueron habilitados para votar en elecciones locales, lo que refleja la mezcla entre derechos cívicos y el entorno carcelario.

Consecuencias estructurales en Sonora

Expertos en derechos humanos y supervisión penitenciaria advierten que la saturación sistemática obstaculiza el cumplimiento de los derechos básicos de las personas privadas de libertad: alimentación adecuada, salud, acceso a la justicia interna, educación o trabajo, y programas de reinserción. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (CNDH) señala que operar por encima de la capacidad instalada provoca vulnerabilidad institucional, violencia interna y fallas de seguridad.

En Hermosillo, por ejemplo, el Cereso I ha enfrentado incidentes de fugas, envejecimiento de infraestructura y condiciones críticas en espacios compartidos.

Autoridades estatales afirman que hay esfuerzos, como el programa “Regresando a Casa”, para aliviar la presión penitenciaria mediante revisiones de casos legales que permitan beneficios de libertad, pero la realidad muestra que la población carcelaria sigue creciendo más rápido que las soluciones.