Con una inversión de 4,500 millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos convierte a Yuma, Arizona, en el eje tecnológico del reforzamiento fronterizo con México.

/ Alberto De la Hoya

El gobierno de Estados Unidos dio luz verde a una inversión de 4,500 millones de dólares para ampliar el llamado Muro Inteligente en la frontera sur. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Yuma, Arizona, será uno de los puntos neurálgicos del megaproyecto.

El denominado Proyecto Yuma 1 contempla la instalación de más de 60 millas de sistemas tecnológicos, cámaras térmicas, sensores, alumbrado y carreteras de patrullaje que reforzarán la vigilancia en la franja limítrofe entre Arizona y California. Con esta infraestructura, el corredor fronterizo entre Yuma, Tucson y El Centro se perfila como el epicentro del nuevo modelo de control migratorio automatizado de Estados Unidos.

Las obras forman parte de la iniciativa presidencial One Big Beautiful Bill, que busca acelerar la construcción de infraestructura fronteriza bajo la administración del presidente Donald Trump. Las empresas BCCG Joint Venture, Fisher Sand & Gravel Co. y Barnard Spencer JV encabezan las licitaciones.

Según el DHS, el despliegue tecnológico en Yuma será el primero en entrar en operación plena, con exenciones regulatorias que permitirán reducir los tiempos de ejecución. En total, el proyecto del Muro Inteligente sumará 230 millas de nuevas barreras físicas y más de 400 millas de sistemas electrónicos de detección y monitoreo en tiempo real, incluyendo herramientas basadas en inteligencia artificial.

Sin embargo, organizaciones locales y defensores de derechos humanos advierten que esta nueva fase del muro podría agravar la crisis humanitaria y ambiental en la región. El aumento de la vigilancia, dicen, podría empujar las rutas migratorias hacia zonas más inhóspitas del desierto, donde el riesgo de muerte por deshidratación es mayor.

Mientras Washington celebra el avance tecnológico, Yuma vuelve a situarse en el centro de un debate que trasciende la seguridad nacional: el equilibrio entre control fronterizo y derechos humanos en el siglo XXI.