Las pruebas recabadas apuntan a la presunta participación directa de dos adolescentes de 13 y 15 años, en el homicidio de Leyla Monserrath, de 16 años
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La familia de Leyla Monserrath, adolescente de 15 años asesinada en Sonoyta, continúa una intensa campaña en redes sociales para exigir justicia y para que las dos menores implicadas en su muerte sean juzgadas con el mismo rigor que se aplicaría a un adulto.
Los allegados más cercanos consideran que el crimen debe clasificarse como feminicidio, al haber ocurrido en un contexto de violencia de género y por la brutalidad con que fue cometido.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la investigación permitió esclarecer que Leyla fue privada de la vida por asfixia mecánica en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles (Sonoyta). Las pruebas recabadas apuntan a la presunta participación directa de dos adolescentes de 13 y 15 años.
En un inicio, las indagatorias se centraron en un adulto identificado como Martín “N”, alias El Kalusha o Minimí, quien fue encontrado sin vida días después. Su identidad fue confirmada mediante cotejo de huellas dactilares. Sin embargo, conforme avanzaron los peritajes, los nuevos datos materiales reorientaron la investigación hacia las menores.
Durante un cateo al domicilio donde presuntamente ocurrió el crimen, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), junto con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), localizaron el cuerpo de la víctima e indicios que permitieron reconstruir la mecánica del homicidio.
Aunque la FGJES judicializó el caso bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la familia insiste en que las responsables sean juzgadas como adultas, argumentando que la gravedad del crimen rebasa lo que la ley prevé para menores. En este momento, la adolescente de 15 años se encuentra internada en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), mientras que la menor de 13 años lleva su proceso en libertad, ya que la legislación mexicana impide su internamiento por no haber alcanzado la edad mínima para esa medida.
Los límites de la ley
Sin embargo, especialistas en derecho penal juvenil explican que en México no existe la figura legal que permita “juzgar como adultos” a menores de edad, sin importar la gravedad del delito. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) establece que toda persona de entre 12 y menos de 18 años debe ser procesada en un sistema especializado, con reglas distintas a las del sistema penal ordinario.
Este modelo, creado en cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos y del principio de interés superior de la niñez, busca equilibrar la responsabilidad con la posibilidad de reinserción social. Las sanciones son más limitadas y priorizan medidas educativas o de tratamiento sobre el castigo.
El internamiento solo se aplica como último recurso y únicamente en delitos graves, como homicidio, secuestro o violación. Además, las leyes estatales, incluida la de Sonora, coinciden en que ningún menor de 14 años puede ser internado bajo ninguna circunstancia. Por eso, en este caso, la menor de 13 años no puede ser privada de la libertad, aunque sea señalada como partícipe.
Tampoco existe en la legislación mexicana una vía legal para transferir el proceso de un menor al fuero penal de adultos, como sucede en algunos países con leyes más punitivas. En México, cualquier intento de hacerlo violaría los principios constitucionales y los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Reclamo social y debate ético
La exigencia de la familia de Leyla tiene entonces un peso simbólico más que jurídico: busca llamar la atención sobre la violencia creciente contra mujeres jóvenes y la percepción de que el sistema penal adolescente resulta insuficiente frente a crímenes tan atroces.
Diversos colectivos feministas en Sonora se han sumado a la exigencia, señalando que este caso refleja vacíos estructurales en la protección de adolescentes, tanto víctimas como agresoras. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene la investigación con la hipótesis de feminicidio agravado, un delito que en México se castiga con la máxima pena disponible dentro de cada régimen aplicable.
Familiares y amigos de la víctima han reiterado en redes sociales que “Leyla no debe ser una cifra más” y que su muerte no quede impune. Aunque las limitaciones legales impiden procesar a las menores como adultas, el caso ha abierto un debate nacional sobre la necesidad de revisar el alcance del sistema de justicia para adolescentes y su capacidad para responder a crímenes de extrema violencia.
